Los siete detenidos por el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, fueron liberados luego de que un juez modificara la medida cautelar de prisión preventiva, permitiéndoles enfrentar el proceso penal en libertad. La determinación será impugnada por la Fiscalía estatal, al considerar que no se apega al marco legal vigente.
Los imputados —entre ellos ex funcionarios estatales y municipales— enfrentan cargos por homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal, derivados del siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre, el cual dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 12 lesionadas.
Entre los señalados se encuentran Juan Manuel G., actual delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora y ex coordinador estatal de Protección Civil; Joaquín R., ex secretario del Ayuntamiento de Hermosillo; Emanuel V., ex director de Inspección y Vigilancia municipal; así como José Luis A., vinculado a la operación del establecimiento, y Jesús Ángel R., además de otras dos personas relacionadas con labores de inspección y protección civil.
La audiencia inicial se prolongó por más de 12 horas y comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana. Durante el desarrollo de la diligencia, la defensa argumentó presuntas irregularidades en las copias del expediente, como problemas de legibilidad, a pesar de que la Fiscalía aseguró haber entregado la carpeta completa y certificada.
El juez determinó que, debido al volumen del expediente, no era posible continuar con la etapa de vinculación a proceso, por lo que concedió un plazo adicional de 18 días para que la defensa analizara la documentación. Esta decisión fue cuestionada por el Ministerio Público, que señaló que la ley establece un máximo de 144 horas para este procedimiento.
Como consecuencia, se ordenó la liberación de los imputados, sin que ello implique una exoneración, sino únicamente una modificación a la medida cautelar. La Fiscalía de Sonora anunció que presentará los recursos legales correspondientes para impugnar la resolución, al considerar que contraviene lo establecido en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Asimismo, se informó que el proceso continúa abierto y que existen 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, de las cuales únicamente siete han sido ejecutadas hasta el momento.
La próxima audiencia fue programada para el 13 de enero de 2026, mientras que la Fiscalía reiteró su compromiso de continuar con las acciones legales necesarias para garantizar justicia, esclarecer los hechos y lograr la reparación del daño a las víctimas.
